Alejandro Ruiz
¿A quién creerle esta vez: a la gran prensa de la derecha española, a la periodista prófuga de Venezuela Patricia Poleo o a su superior, el Jefe del Comando Sur de Estados Unidos?
¿Por qué es una prueba “irrebatible” el testimonio de supuestos ex guerrilleros desertores anónimos y no la confesión de una ex comandante de las FARC desertora que tiene nombre y apellido y rostro público, y es protegida por el Gobierno de Uribe?
Y una pregunta más sencilla para el juez español Eloy Velasco: ¿Cuál es la dirección de correo electrónico de Raúl Reyes?
El juicio del llamado caso FARC-ETA-Chávez es en apariencia formal un proceso judicial, pero su esencia es política. Y desde este 24 de marzo 2010, fecha de la primera audiencia oral contra la única persona acusada que actualmente vive en España, el debate y los argumentos así deben demostrarlo.
El llamado caso FARC-ETA-Chávez tiene dos grupos de jueces actuando concertadamente contra el gobierno venezolano y las fuerzas revolucionarias: un tribunal político-mediático y un tribunal judicial, estrechamente vinculados entre sí. Por eso el expediente del juez español contra el gobierno del Presidente Chávez es un doble fraude: es un fraude político y es un fraude jurídico. Y hay que contribuir a demostrarlo, en la opinión pública y en los tribunales.
Muchas preguntas y muchas respuestas y explicaciones hacen falta. Comencemos por algunas.
1. UN LIBRETO DE LA DERECHA INTERNACIONAL
En realidad estamos ante un intento de linchamiento instigado y planificado por la derecha internacional. La intención es neutralizar, paralizar, el accionar revolucionario que resurge por todas partes. Y el gran objetivo en la mira es la cabeza del Presidente de Venezuela, Hugo Chávez.
El libreto de un posible juicio contra Chávez se fraguó en reuniones en Bogotá, Madrid, Washington y Caracas. Allí están involucrados el Gobierno de Colombia, con el presidente Uribe y el ex ministro de Defensa Juan Manuel Santos a la cabeza; el Partido Popular de España y su Fundación FAES, dirigidos por el ex presidente José María Aznar y secundados por Mariano Rajoy, Esperanza Aguirre, Javier Zarzalejos, Jorge Moragas y Guillermo Hirschfeld; y el Instituto Republicano Internacional (IRI), una dependencia de la agencia estadounidense NED, dirigido por el senador John McCain.
Le acompañan en esta cruzada contrarrevolucionaria actores y organizaciones de reparto (de dólares, intrigas y acciones), como la Fundación Internacional para la Libertad, un consorcio ultraderechista de organizaciones “civiles” con sede en España y EE UU y sucursales en varios países de América Latina, que dirige el escritor Mario Vargas Llosa; la Red Liberal de América Latina (Relial), una fachada controlada por la CIA; y la Fundación Atlas, de EE UU.
También participan en la tramoya partidos, dirigentes políticos, periodistas y dueños de medios venezolanos de furibunda oposición a Chávez, como los que se reunieron el 28 de mayo 2009 en Caracas o recibieron a distancia las nuevas instrucciones del plan contra el Presidente de Venezuela; y hasta el directivo de un banco venezolano de crédito está involucrado en las operaciones de apoyo.
La mejor prueba de que el expediente Velasco es parte de un proceso contrarrevolucionario internacional, ya que hablamos de juicio, es que una prófuga de la justicia venezolana, acusada junto con banqueros y ex policías expertos en explosivos de conspiración terrorista para asesinar al Fiscal Nacional Danilo Anderson, asegura desde su guarida en Miami que “El expediente sobre las relaciones ETA-FARC sustentado por el juez español Eloy Velasco está apoyado en pruebas irrebatibles”.
Así lo certifica solemnemente la periodista paramilitar Patricia Poleo en su columna “Factores de Poder”, publicada en el diario El Nuevo País (Caracas, 09-03-2010, p. 3), cumpliendo su papel asignado para estos casos. Con semejante opinión de semejante personaje, cualquier juez sensato debería preocuparse -y mucho- del resultado de su actuación.
Ya el 08 de marzo 2010, el diario financiado por el Departamento de Estado que circula en Caracas bajo la dirección de la familia Poleo, El Nuevo País (ENP), desplegó en primera plana: “El juicio va”. Con el antetítulo: “A pesar del comunicado conjunto” de los gobiernos de España y Venezuela.
Agreguemos que en España el director del diario conservador pro monárquico ABC ya sentenció que “la justicia alcanzará velocidad de crucero”. Por su parte, Mariano Rajoy, presidente del derechista Partido Popular, también dictaminó que lo que hay en el expediente “No son hipótesis” (ENP, 08-03-2010, p. 3).
Parece que los políticos y medios de la derecha internacional saben más que el propio juez Velasco y el Poder Judicial de España acerca del desarrollo y pormenores del juicio que se anuncia.
Además, el ex presidente español José María Aznar está jugando duro, como lo hizo el fatídico 11-M de 2004 siendo gobernante. Y a través de su Fundación FAES mandó a elaborar un informe que irresponsablemente habla de “…las inquietudes legítimas que tienen los españoles ante todas las formas de terrorismo que, ejercidas o auspiciadas por Chávez, pueden hacer blanco en ellos" (Europa Press, 10-03-2010).
¿A quién creerle esta vez: a la gran prensa de la derecha española, a la periodista prófuga de Venezuela Patricia Poleo o a su superior, el Jefe del Comando Sur de Estados Unidos?
¿Por qué es una prueba “irrebatible” el testimonio de supuestos ex guerrilleros desertores anónimos y no la confesión de una ex comandante de las FARC desertora que tiene nombre y apellido y rostro público, y es protegida por el Gobierno de Uribe?
Y una pregunta más sencilla para el juez español Eloy Velasco: ¿Cuál es la dirección de correo electrónico de Raúl Reyes?
El juicio del llamado caso FARC-ETA-Chávez es en apariencia formal un proceso judicial, pero su esencia es política. Y desde este 24 de marzo 2010, fecha de la primera audiencia oral contra la única persona acusada que actualmente vive en España, el debate y los argumentos así deben demostrarlo.
El llamado caso FARC-ETA-Chávez tiene dos grupos de jueces actuando concertadamente contra el gobierno venezolano y las fuerzas revolucionarias: un tribunal político-mediático y un tribunal judicial, estrechamente vinculados entre sí. Por eso el expediente del juez español contra el gobierno del Presidente Chávez es un doble fraude: es un fraude político y es un fraude jurídico. Y hay que contribuir a demostrarlo, en la opinión pública y en los tribunales.
Muchas preguntas y muchas respuestas y explicaciones hacen falta. Comencemos por algunas.
1. UN LIBRETO DE LA DERECHA INTERNACIONAL
En realidad estamos ante un intento de linchamiento instigado y planificado por la derecha internacional. La intención es neutralizar, paralizar, el accionar revolucionario que resurge por todas partes. Y el gran objetivo en la mira es la cabeza del Presidente de Venezuela, Hugo Chávez.
El libreto de un posible juicio contra Chávez se fraguó en reuniones en Bogotá, Madrid, Washington y Caracas. Allí están involucrados el Gobierno de Colombia, con el presidente Uribe y el ex ministro de Defensa Juan Manuel Santos a la cabeza; el Partido Popular de España y su Fundación FAES, dirigidos por el ex presidente José María Aznar y secundados por Mariano Rajoy, Esperanza Aguirre, Javier Zarzalejos, Jorge Moragas y Guillermo Hirschfeld; y el Instituto Republicano Internacional (IRI), una dependencia de la agencia estadounidense NED, dirigido por el senador John McCain.
Le acompañan en esta cruzada contrarrevolucionaria actores y organizaciones de reparto (de dólares, intrigas y acciones), como la Fundación Internacional para la Libertad, un consorcio ultraderechista de organizaciones “civiles” con sede en España y EE UU y sucursales en varios países de América Latina, que dirige el escritor Mario Vargas Llosa; la Red Liberal de América Latina (Relial), una fachada controlada por la CIA; y la Fundación Atlas, de EE UU.
También participan en la tramoya partidos, dirigentes políticos, periodistas y dueños de medios venezolanos de furibunda oposición a Chávez, como los que se reunieron el 28 de mayo 2009 en Caracas o recibieron a distancia las nuevas instrucciones del plan contra el Presidente de Venezuela; y hasta el directivo de un banco venezolano de crédito está involucrado en las operaciones de apoyo.
La mejor prueba de que el expediente Velasco es parte de un proceso contrarrevolucionario internacional, ya que hablamos de juicio, es que una prófuga de la justicia venezolana, acusada junto con banqueros y ex policías expertos en explosivos de conspiración terrorista para asesinar al Fiscal Nacional Danilo Anderson, asegura desde su guarida en Miami que “El expediente sobre las relaciones ETA-FARC sustentado por el juez español Eloy Velasco está apoyado en pruebas irrebatibles”.
Así lo certifica solemnemente la periodista paramilitar Patricia Poleo en su columna “Factores de Poder”, publicada en el diario El Nuevo País (Caracas, 09-03-2010, p. 3), cumpliendo su papel asignado para estos casos. Con semejante opinión de semejante personaje, cualquier juez sensato debería preocuparse -y mucho- del resultado de su actuación.
Ya el 08 de marzo 2010, el diario financiado por el Departamento de Estado que circula en Caracas bajo la dirección de la familia Poleo, El Nuevo País (ENP), desplegó en primera plana: “El juicio va”. Con el antetítulo: “A pesar del comunicado conjunto” de los gobiernos de España y Venezuela.
Agreguemos que en España el director del diario conservador pro monárquico ABC ya sentenció que “la justicia alcanzará velocidad de crucero”. Por su parte, Mariano Rajoy, presidente del derechista Partido Popular, también dictaminó que lo que hay en el expediente “No son hipótesis” (ENP, 08-03-2010, p. 3).
Parece que los políticos y medios de la derecha internacional saben más que el propio juez Velasco y el Poder Judicial de España acerca del desarrollo y pormenores del juicio que se anuncia.
Además, el ex presidente español José María Aznar está jugando duro, como lo hizo el fatídico 11-M de 2004 siendo gobernante. Y a través de su Fundación FAES mandó a elaborar un informe que irresponsablemente habla de “…las inquietudes legítimas que tienen los españoles ante todas las formas de terrorismo que, ejercidas o auspiciadas por Chávez, pueden hacer blanco en ellos" (Europa Press, 10-03-2010).
La noticia de EFE destaca que “No faltará un análisis de la situación creada después de que el juez de la Audiencia Nacional española Eloy Velasco apuntara a una posible colaboración del Gobierno de Venezuela con ETA y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC)”.
Lo cierto es que Rajoy se reunió en Bogotá la semana pasada, y no sólo con el presidente Uribe. También con el actual ministro de Defensa de Colombia, Gabriel Silva, y con el ex ministro de Defensa y candidato, Juan Manuel Santos. Como en anteriores ocasiones lo han hecho Rajoy y Aznar, en los últimos dos años, desde que el juez Eloy Velasco Núñez fue predestinado para preparar su famoso expediente Nº 263/08.
Si, como es público y notorio, el juez Velasco Núñez está vinculado al derechista Partido Popular de Aznar y Rajoy, ¿cuál será el resultado de su actuación en el juicio?
2. LA PARRAFADA CONTRA EL PRESIDENTE CHÁVEZ
El juez de la Audiencia Nacional de España, Eloy Velasco Núñez, en el Auto de Procesamiento 75/09 (DP 263/08), fechado el 24-02-2010 y difundido en los grandes medios el 01 de marzo 2010, asevera en la página 24, sin dejar interpretación a presunción alguna, que “…obran diligencias en este procedimiento que ponen de manifiesto la cooperación gubernamental venezolana en la ilícita colaboración entre las FARC y la ETA…”. Esta afirmación temeraria se repite en la “Parte Dispositiva” y final del expediente de 26 páginas.
Ciertamente, en el expediente no hay una acusación formal contra el Presidente Chávez, pero con estas dos líneas incrustadas (sembradas, diría un policía mafioso) entre las 26 páginas del sumario del juez Velasco es suficiente para implicar y culpar al Presidente venezolano de “cooperar con el terrorismo” y generar una crisis diplomática entre España y Venezuela.
Esas dos líneas son el aporte de la derecha internacional al expediente 75/09 (DP 263/08), lo demás es un complemento, aunque no menos importante desde el punto de vista político y jurídico.
El juez español Velasco actúa al mejor estilo de los jueces de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), adscrita a la OEA, que antes de un juicio se confabularon para “incluir una parrafada que justificará” condenar al gobierno venezolano.
Estamos ante un expediente ad líbitum de la derecha internacional: Diga usted la sentencia que quiere que yo preparo el expediente, con pruebas y todo.
3. ¿Y CUÁLES SON LAS PRUEBAS DEL JUEZ VELASCO?
Comienza el juez Velasco desempolvando viejas actas policiales y sentencias de los años 1985, 1988, 1993, 1996, etc, sobre casos procesados como delitos de ETA, elaborados por las autoridades españolas, varias con colaboración de las autoridades francesas.
Hablamos de las mismas autoridades policiales españolas que en coordinación con la policía francesa divulgaron recientemente en todos los noticieros televisados y vía Internet un video de “cinco terroristas de la banda ETA de compras en un supermercado en Francia”, acusados públicamente de matar a un policía francés, y que luego resultaron ser cinco bomberos catalanes que estaban de vacaciones en la ciudad de Seine et Marne (Público.es, 20-03-2010).
Todavía los bomberos y sus familias están pasando el susto y el trauma del interrogatorio de este petit error policial. ¿Y si no hubiesen sido bomberos?
Pero volviendo al tema de las pruebas, observamos como el expediente del juez Velasco se fundamenta y abunda en dos ritornelos que se repiten en la mayoría de las páginas de la parte denominada “Fundamentos de Hecho”: los correos electrónicos del computador de Raúl Reyes (p. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 20) y el testimonio de cinco ex guerrilleros desmovilizados anónimos, conocidos sólo por seudónimos (p. 16, 20, 21, 22 y 23).
Pero lo más conmovedor es que las dos principales pruebas (los correos del computador y los testimonios anónimos) son cortesía del Ministerio de la Defensa de Colombia, como lo certifica el propio juez Velasco. Es decir, él como juez no realizó las diligencias directas para obtener y autenticar esas pruebas.
Veamos algunos extractos del Auto de Procesamiento, que dicen mucho del origen y legalidad de las pruebas:
-La acusación se fundamenta en “Copia de la documentación incautada en el ordenador [computador] del miembro de las FARC, LUIS EDGAR DEVIA SILVA, @ RAÚL REYES, tras el enfrentamiento de la Fuerza Aérea de Colombia ocurrido el 1 de marzo de 2008 contra un campamento que el grupo terrorista colombiano tenía instalado en la frontera con Ecuador…” (Léase bien: “enfrentamiento” “en la frontera con Ecuador”. De ello comentaremos luego).
-“Entre la documentación analizada aparecen varios e-mail entre dirigentes de las FARC…” (p. 11). En total, en 7 páginas del expediente se presentan como pruebas 21 “correos electrónicos” del computador de Raúl Reyes, obtenidos “…tras el enfrentamiento de la Fuerza Aérea de Colombia…”.
- Es “…procedente de las autoridades colombianas (…) el proceso de obtención y contenido de las aprehensiones informáticas del indicado correo electrónico ocupado a Raúl Reyes” (p. 15 y 16).
-La otra prueba clave es el testimonio de cinco desmovilizados, conocidos sólo por los seudónimos de “Carlos”, “Camilo”, “Patxo”, “Rubén” y “César”, que sin más identidad aparecieron en el expediente “fruto de la colaboración con el Ministerio de Defensa Colombiano…”. Estos testigos -afirma el juez Velasco- son “ex guerrilleros de las FARC (…) y cuyas declaraciones testificales aportan nuevos datos acerca de la relaciones entre la guerrilla y la Banda Terrorista ETA”.
-Las declaraciones de los ex guerrilleros desmovilizados anónimos, que son “fruto de la colaboración con el Ministerio de Defensa Colombiano…”, se obtuvieron de “Notas de prensa y video televisivo aportando testimonio de guerrilleros FARC sobre su conocimiento de las relaciones con ETA…” (p. 16, 20, 22 y 23). Es decir, el juez Velasco ni les tomó declaración ni los conoce, pero admite como cierto el testimonio de tales frutos.
4. EL JEFE DEL COMANDO SUR, UN TESTIMONIO CLAVE
En contraposición al dictamen del juez Velasco y desmintiendo -sin proponérselo- todas sus “pruebas”, surgió en escena un testimonio imprevisto. ¡Y no cualquier testimonio!, si consideramos quién, qué, dónde y cómo declaró.
“El jefe del Comando Sur de Estados Unidos, general Douglas Fraser, dijo no tener evidencia de nexos de Venezuela con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y la organización separatista vasca ETA. (…) Las declaraciones de Fraser las dio durante una audiencia en el senado norteamericano”, informa en Caracas el diario opositor a Chávez El Universal, el 12 de marzo 2010.
A nivel internacional la noticia fue difundida también por la agencia española EFE, con fecha 11-03-2010.
La importancia de la respuesta del máximo jefe militar de las operaciones de EEUU en Suramérica, además de su alto cargo, está en que la emitió bajo juramento en una comisión del Senado al ser interrogado por John McCain -el candidato republicano derrotado en las elecciones presidenciales por Barack Obama- sobre si tiene pruebas que demuestren las afirmaciones del juez de la Audiencia Nacional que vincula a Hugo Chávez con ETA y las FARC.
Obviamente, no es lo mismo: “Jefe del Comando Sur no tiene evidencia de relación de Chávez con FARC-ETA”, que un titular anunciando: “Jefe del Comando Sur confirma relación de Chávez con FARC-ETA”.
Por ahora, parece que a alguien no convencieron con el libreto, y el senador John McCain obtuvo la respuesta equivocada para el plan de la derecha internacional. Porque una cosa es hablar para la prensa y otra muy distinta es declarar bajo juramento en una comisión parlamentaria, en la fiscalía o en un tribunal.
El juicio apenas comienza y desde hace rato se viene develando el fraude del expediente del juez español contra Chávez.
2 comentarios:
Felicidades. Hasta ahora este es el texto que he leído que mejor desenmascara las intenciones y nulo fundamento jurídico del auto del juez VelASCO.
Lo que uno se pregunta, sin ser gran conocedor del Derecho Internacional, es si todas estas patrañas de los tiempos actuales de la política, están debidamente avalados desde todo punto de vista jurídico, y cualquier político, o mejor politiquero, con poderes y respaldos imperiales puede atribuirse la verdad en nombre de la justicia para amenazar, tratar de juzgar y condenar a Presidentes o dirigentes del mundo que han sido electos numerosas veces por el pueblo y que su único delito, es no pertenecer a la ideología del pensamiento único. Más cuando quienes aparecen como acusadores son personas que han gobernado en sus países y han dejado huellas de sus malos procederes y malas administraciones, hasta con violaciones a los sagrados derechos humanos, caso del señor ex gobernante de España, que ahora anda por el mundo vendiendo una moral, que el mismo sepultó, ante semejantes pretensiones de ciertos personajes poderosos por el dinero que tienen, por el poder político extremado y al margen de las leyes, pretenden erigirse en el Dios de la tierra para cobrar venganza contra quienes no comulguen con sus ideas impositivas, que nada de respeto tienen a favor de la democracia: Son en verdad los verdaderos dictadores e impostores de los sagrados derechos por la paz, la libertad, la justicia, la igualdad que debe reinar en esta tierra, según la real Doctrina Cristiana, la que estos utilizan para sus fines oscuros.
No entiendo el por qué gente extraña a un país soberano, se arrogan el derecho internacional para ser jueces y partes a la vez. ¿SON SEMEJANTES PROCEDIMIENTOS LEGALES? ¿O es que los políticos de tendencia derechista son los dueños del mundo y los demás deben morir bajo sus garras impregnadas de fariseísmo impostor?
saguete@gmail.com
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