Me saca la piedrita

Dos crónicas de la todavía injusta justicia venezolana

Alejandro Ruiz

Cuando algo causa indignación y molesta tanto que hace brotar la rabia o la inconformidad, en Venezuela se acostumbra a decir, sin rebuscamiento alguno: “me saca la piedra” tal cosa.

A veces esta Revolución Venezolana me saca la piedra. Para ser más preciso, me saca la piedrita. Esta vez -otra vez- la justicia y la conducta de funcionarios de seguridad, indigna.

Esta es una revolución tan original, que no pocas veces los organismos judiciales y de seguridad se preocupan más por atender los requerimientos de los partidos de oposición y de la burguesía, que del propio partido de gobierno y de los sectores populares. Todo ello potenciado con el chantaje de los llamados medios privados de comunicación.

Así, tres consignas pintadas en la pared de la televisora de oposición Globovisión o el humo de una bomba lacrimógena lanzada al frente de la sede del partido opositor Copei es más importante y exhaustivamente investigado que el caso de 25 personas heridas por bandas de la oposición, que arremetieron con palos, cabillas, piedras y armas blancas contra dirigentes y militantes del partido PSUV y de otras fuerzas partidarias del Presidente Hugo Chávez.

Y nos referimos a hechos recientes, que sucedieron la primera semana de este nuevo año 2009, cuando han transcurrido 10 años de gobierno revolucionario y en plena batalla por el próximo referendo de la enmienda constitucional. En este contexto, y antes de demostrar lo injusta y tuerta que continúa siendo la justicia venezolana, asumo la responsabilidad de hacer tres preguntas para la reflexión de los interesados:
1.- ¿A quién benefició, política y comunicacionalmente, que un Colectivo Revolucionario lanzará una bomba lacrimógena a la sede nacional del disminuido y moribundo partido derechista Copei: a la oposición o a la Revolución?
2.- ¿Cómo es posible que el PSUV, el partido más grande del país, el partido de gobierno, el partido de multitudes, se dejara apabullar y agredir por unos facinerosos de la oposición en un acto público en el estado Táchira?
3.- ¿Por qué, conociendo las características del fronterizo estado Táchira y la conducta fascista demostrada por la dirigencia de oposición, no se tomaron las previsiones de mayor convocatoria y brigadas de seguridad para asistir a un acto donde acudirían partidarios del nuevo gobernador de oposición y partidarios revolucionarios del gobernador saliente?

Amargas preguntas, amargas respuestas. Pero que en nada ocultan la realidad de dos sucesos incomparables y la actuación desigual de los organismos de justicia y seguridad del Estado.

Es esa vieja Venezuela que no termina de morir y la nueva Venezuela que no termina de nacer.

SI ES REVOLUCIONARIO… VEREMOS
El miércoles 07 de enero de 2009, grupos de oposición actuaron en el estado Táchira. A pesar de la gravedad de lo sucedido, la Dirección Nacional del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) debió pagar en la prensa nacional un comunicado, dos días después, para dar a conocer los hechos y solicitar “al Ministerio Público investigar lo ocurrido y sancionar a los responsables” (Últimas Noticias, 09-01-2009, p. 9). No olvidemos que el PSUV es el partido dirigido por el Presidente Chávez y por tanto, partido de gobierno. Tampoco olvidemos que transcurrieron dos días de los hechos y que existe evidencia pública de videos transmitidos por el estatal canal VTV.

¿Qué ocurrió? El comunicado publicado a media página relata lo siguiente:
“… grupos violentos afectos al gobernador César Pérez Vivas [del partido derechista Copei, elegido reciente con el apoyo de toda la oposición] atacaron a militantes del PSUV en el estado Táchira.

“Esta nueva arremetida fascista se registró durante la toma de posesión de Pérez Vivas. 25 militantes del PSUV -incluidos diputados y diputadas regionales- fueron agredidos con palos y piedras; al menos 6 debieron recibir atención médica de urgencia. Los “cabilleros” destrozaron 6 autobuses [e intentaron quemarlos con personas adentro] en los cuales se trasladaban las compañeras y compañeros del PSUV.

“No conformes con eso, desnudaron en plena calle a una mujer de 60 años de edad, sólo por llevar puesta una franela [camiseta] con el rostro del Comandante Chávez. A pesar de la gravedad de los hechos, la mayoría de los medios de comunicación social censuró la noticia”.

Al final de la denuncia pública, la Dirección Nacional del PSUV, como cualquier ciudadano indefenso, “solicita al Ministerio Público investigar lo ocurrido y sancionar a los responsables”. Es obvio que para la fecha de redactar esa solicitud los organismos de justicia y seguridad del Estado no habían iniciado la investigación, menos sancionado a los responsables. ¡Qué quedará para los demás factores revolucionarios y ciudadanos humildes de Venezuela!

La agresión opositora del 07 de enero en el Táchira se torna más preocupante cuando leemos, en el diario El Nacional (09-01-2009, p.3 Nación), las declaraciones de una de las diputadas revolucionarias agredida, al explicar la conducta de los militares de la Guardia Nacional en el Táchira ante la arremetida fascista: “Neyiber Lugo cuestionó el rol de la GN. ‘Los sucesos contra los diputados lesionados pasaron a tres metros de donde estaban ellos’, dijo”. Y subrayo que es un reclamo a los militares de la Guardia Nacional en el fronterizo estado Táchira, los mismos militares que gritan a todo pulmón ante sus superiores: “Patria, Socialismo o Muerte”. Como para reflexionar, por lo menos.

Por supuesto, el reportaje del diario opositor no pierde oportunidad para tratar de presentar a los agresores como víctimas y los hechos como una “escaramuza“, responsabilidad del “gobernador saliente Ronald Blanco y acompañantes”.

Por otra parte, también es necesario comentar que en esta misma ¿información?, en el párrafo final, El Nacional destaca un hecho lamentable, pero incomprensible: “falleció un dirigente de Un Nuevo Tiempo [partido opositor] a causa de un infarto”. Y agrega entre paréntesis el nombre y el lugar: “(Orlando Hernández, en el municipio Junín)”. Digo incomprensible, y tal vez insólito, porque el municipio Junín, cuya capital es la ciudad de Rubio, está ubicado a 21 kilómetros de la plaza Bolívar de la ciudad de San Cristóbal, lugar donde ocurrió la “escaramuza” que dejó a 25 partidarios de Chávez heridos. Aunque nadie puede negar que ver por televisión a una veintena de hombres, mujeres y jóvenes sangrando impresiona a cualquiera.

SI ES DE DERECHA, ¡ATIÉNDALO Y RÁPIDO!
Ahora bien, prosigamos. Comparemos el caso de los heridos en el Táchira, el día miércoles 07 de enero, con el despliegue comunicacional y la actuación de los organismos judiciales y de seguridad ante el caso del humo de una bomba lacrimógena lanzada al frente de la sede del partido Copei, en Caracas, el día jueves 08 de enero; es decir, con un día de diferencia.

Las agencias internacionales de noticias, Globovisión y todos los canales privados de TV, las 400 emisoras privadas de radio, y los diarios nacionales y regionales de abierta oposición, destacaron hasta la exageración “el crimen terrorista” frente a la sede de Copei. También la Conferencia Episcopal Venezolana dedicó tiempo, en voz de Monseñor Luckert, para condenar el hecho. Nada dijeron de los 25 heridos en el Táchira, agredidos por dirigentes de la oposición.

¿Qué ocurrió? El diario Últimas Noticias, del 09-01-2009, p. 18, informa lo siguiente:
“A los 8 am de ayer [08 de enero] fue atacada con una bomba lacrimógena la sede de Copei (…) El ataque no causó daños a las personas que se encontraban en el sitio… “.

Tan cierto es que “el ataque no causó daños“, que ninguno de los medios de información -en su inmensa mayoría opositores a la Revolución Bolivariana- reportó de algún herido, un lesionado, ni siquiera una baja de tensión arterial; tampoco daños a la infraestructura ni a los bienes del partido Copei. Simplemente, porque la bomba lacrimógena fue lanzada al frente (afuera) de la sede partidista, no adentro ni contra persona alguna.

¿Los responsables y el motivo? La versión digital del diario El Universal, del 08-01-2009, -entre tantos otros medios- señala que el Grupo de Trabajo La Piedrita, de la zona del 23 de Enero de Caracas, se responsabilizó del hecho. Y describe que:
“dejó panfletos en el sitio en el que se leía: ‘(…) asumimos el ataque revolucionario en respuesta a las agresiones a nuestros compañeros del Partido Socialista Unido de Venezuela, en el estado Táchira, por parte de los fascistas, cobardes, de Copei, Acción Democrática, Alianza al Bravo Pueblo y Primero Justicia…“.

Ahora veamos, haciendo abstracción de lo inconveniente o no de esta acción, cómo actuaron en este caso los organismos judiciales y de seguridad del Estado.

¿Esperaron un comunicado por la prensa para actuar ante tan “horrendo crimen“?

La versión digital del diario El Universal, el mismo jueves 08 de enero, a las 10:06 am -repito, a las 10:06 am, dos horas después del suceso-, informa lo siguiente:
“el secretario general del partido verde [Copei], Luis Carlos Solórzano, (…) informó que la Policía de Chacao, así como el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) y la Policía Metropolitana se presentaron en el lugar para realizar las investigaciones respectivas.

“A cargo está Luis Guzmán, inspector Jefe de la División Antiterrorismo del Cicpc, ya que la acción será procesada como un acto terrorista. Ya han sido asignados tres fiscales nacionales para la investigación de los hechos”.

Sí, leyó bien. El “inspector Jefe de la División Antiterrorismo” está a cargo. Además, la Policía de Chacao, la Policía Científica y la Policía Metropolitana “se presentaron al lugar para realizar las investigaciones”; y “ya han sido asignados tres fiscales nacionales” del Ministerio Público -no uno ni dos, tres- “para la investigación de los hechos”. ¡Y todo en menos de dos horas! ¡Qué diligentes!

Y sino que lo diga el Sub-Secretario Nacional de Copei, Alejandro Vivas, quien declaró a los medios: "El Cuerpo de Investigaciones Científicas ya inició las averiguaciones. De manera muy diligente hizo el levantamiento de las pruebas…” (Ver versión digital del diario El Universal).

Los 25 partidarios de Chávez heridos por dirigentes de oposición en el Táchira, no pueden decir lo mismo que el Sub-Secretario Nacional de Copei.

Pero hay más. A pesar de la rapidez de las instituciones en “el caso del humo de la lacrimógena”, y de reconocerlo públicamente, el Sub-Secretario Nacional de Copei agrega, retador, solicitando más: "Las instituciones deben demostrar que no son aliados de los violentos".

Y sigue el dirigente del partido de derecha: “Esperamos que el resultado de estas investigaciones devenga en detenciones y que estos hechos no queden impunes".

Y culmina su declaración a la prensa con esta frase, digamos casual: “cuando los entes gubernamentales no toman cartas en el asunto en este tipo de acciones, ‘los pueblos comienzan a pensar en la posibilidad de tomar la justicia por sus manos”.

Moraleja: haga lo que haga este gobierno revolucionario de Hugo Chávez, la burguesía y sus partidos de derecha nunca le reconocerán nada.

Por lo demás, estoy seguro de que la señora de 60 años de edad que desnudaron en plena calle y los demás partidarios de Chávez heridos por dirigentes de oposición en el estado Táchira, estarán de acuerdo con esta última frase del dirigente de Copei: “cuando los entes gubernamentales no toman cartas en el asunto en este tipo de acciones, ‘los pueblos comienzan a pensar en la posibilidad de tomar la justicia por sus manos”. Y en este caso sí, por hechos verdaderamente graves.

Esperamos que las lagrimas que derramaron tres empleados del partido Copei por efecto del humo de la bomba lacrimógena lanzada en la calle, no se convierta, después de todo, en la única gota de justicia en esta nueva agresión fascista al pueblo bolivariano en el Táchira, en Venezuela.

UN DETALLE FINAL
Me pareció extraño que el presidente del partido Copei, Luis Ignacio Planas, habitual vocero de la organización, no fuese quien declarara a los medios sobre tan “importante noticia” de agresión a las glándulas lacrimales, y que aparecieran estos dos dirigentes que casi nunca declaran a los medios.

¿Por qué no aprovechó Luis Ignacio Planas esta oportunidad en bandeja de plata para declarar él?

Sorpresa. Porque los días 8 y 9 de enero estaba en Puerto Rico, territorio estadounidense, en una reunión con asesores del Departamento de Estado y el encargado de la embajada de Estados Unidos en Caracas, John Patrick Caulfield, recibiendo orientaciones, junto con otros dirigentes opositores a Hugo Chávez, para desarrollar la nueva guerra psicológica y acciones desestabilizadoras contra su propio país, con el objetivo específico de evitar la aprobación de la enmienda constitucional en el próximo referendo popular de febrero 2009.

Al respecto, la página Web venezolana YVKE Mundial, el viernes 09-01-2009, informa que a Luis Ignacio Planas le acompañaron en vuelo privado, el director del canal Globovisión, Alberto Federico Ravell; el coordinador nacional del partido Primero Justicia, Julio Borges; el presidente del partido Un Nuevo Tiempo, Omar Barboza. También asistió un asesor de inversiones de la Bolsa de Valores de Caracas, en representación de grupos bancarios y económicos poderosos.

Además, revela que un correo electrónico descubierto al director del canal privado Globovisión, convocando a la reunión conspirativa a los otros dirigentes opositores, indica que se destinarán 3 millones de dólares para la fase inicial de la campaña.

Si esto no es injerencia del gobierno de Estados Unidos y delito de traición a la Patria por parte de estos máximos dirigentes opositores, no sé que lo será.

Una muestra de esos planes desestabilizadores la observamos ayer, 14-01-2009, cuando grupos de choque de estudiantes universitarios de la burguesía –no todos los estudiantes de las universidades privadas- trancaron dos de las principales avenidas de Caracas y crearon una situación de caos: causaron el choque y vuelco de dos vehículos, con heridos; incendiaron, con premeditación, el Parque Ecológico Cerro El Ávila; causaron heridas a funcionarios policiales; miles de vehículos y personas atascados en una cola por más de tres horas. Varios videos difundidos evidencian las acciones de estos grupos de choque, que portaban escudos y hasta modernas máscaras antigases de fabricación israelí.

Una pregunta a los señores y señoras del sistema judicial y de seguridad del Estado: ¿Ya se encargaron de este caso, ya investigaron, ya recabaron las evidencias, tomaron declaraciones a los afectados, ya identificaron y apresaron a los responsables directos, o van a esperar un comunicado por la prensa?

Mientras tanto, el sistema judicial y casi todos los organismos de seguridad venezolanos están diligentemente ocupados investigando el “horrendo crimen terrorista” del humo de una bomba lacrimógena en la sede del partido Copei.

Definitivamente, esa justicia necesita Misión Milagro.